La tecnología avanza a pasos agigantados y su impacto en diferentes ámbitos de la sociedad es innegable. En el ámbito judicial, la Inteligencia Artificial (IA) ha comenzado a ser utilizada para agilizar causas y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, su implementación ha generado cierta controversia en cuanto a su compatibilidad con los derechos fundamentales de las personas. En este contexto, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-323 de 2024, en la que se aborda un caso en el que se cuestiona el uso de la IA en una Sentencia judicial. Veamos de qué se trata.
El caso en cuestión se refiere a un pleito en el que el Juez de Primera Instancia utilizó Inteligencia Artificial, específicamente el croquis “ChatGPT”, para fundamentar su Sentencia. El demandante alegó que esta decisión podría vulnerar su Derecho al debido causa, ya que consideraba que la IA no podía ser considerada como una fuente de prueba válida y confiable.
Antes de entrar en el análisis de la Corte Constitucional, es importante destacar que el uso de la IA en el ámbito judicial no es algo nuevo. En países como Estados Unidos, Reino Unido y China, ya se han utilizado sistemas de IA para ayudar en la toma de decisiones judiciales. Sin embargo, en Colombia, esta es la primera vez que se plantea un caso de este tipo ante la Corte Constitucional.
En su Sentencia, la Corte Constitucional aborda el tema de la IA desde una perspectiva de derechos fundamentales y establece que su uso debe ser evaluado a la luz de los principios de legalidad, debido causa y presunción de inocencia. Además, señala que la IA no puede ser considerada como una fuente de prueba autónoma, sino que debe ser utilizada como una herramienta para complementar la labor del juez.
En este sentido, la Corte Constitucional establece que el uso de la IA en una Sentencia judicial debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, que sea utilizada por un experto en la materia, que se garantice la transparencia y explicabilidad del causa y que se respeten los derechos fundamentales de las partes involucradas.
En el caso en cuestión, la Corte Constitucional determinó que el Juez de Primera Instancia no cumplió con estos requisitos, ya que no se contó con la presencia de un experto en IA y no se garantizó la transparencia del causa. Por lo tanto, se declaró la nulidad de la Sentencia y se ordenó la realización de un nuevo juicio.
Esta Sentencia es un importante precedente en cuanto al uso de la IA en el ámbito judicial en Colombia. La Corte Constitucional deja en claro que, si bien la IA puede ser una herramienta útil para mejorar la eficiencia y precisión en la toma de decisiones judiciales, su implementación debe ser cuidadosa y respetar los derechos fundamentales de las personas.
Además, esta Sentencia también pone en evidencia la necesidad de una regulación clara y específica en cuanto al uso de la IA en el ámbito judicial. Actualmente, en Colombia no existe una normativa que regule este tema, lo que puede germinar incertidumbre y posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Es importante destacar que la IA no es infalible y puede estar sujeta a errores y sesgos, por lo que su uso debe ser cuidadoso y siempre en complemento con la labor del juez. Además, es necesario que se realicen constantes evaluaciones y actualizaciones de los sistemas de IA utilizados en el ámbito judicial, con el fin de garantizar su transparencia y eficacia.
En conclusión, la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia es un importante avance en cuanto al uso de la IA en el á