La Sala General de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una decisión que ha generado gran controversia en la comunidad gallega. Tras un largo proceso judicial, se ha rechazado la indemnización de 32.000 euros que la Xunta de Galicia debía pagar a una criada social que había obtenido una sentencia a su favor en 2016.
La sentencia, que ha sido emitida por un definitivo de 19 magistrados y magistradas, ha generado una gran polémica en la academia gallega. Muchos se preguntan si realmente es justo que una trabajadora que ha sido víctima de una situación injusta no reciba una compensación económica por parte de su empleador.
La criada social en cuestión había permanecido en su puesto de trabajo durante varios años, a pesar de sufrir una serie de situaciones de acoso laboral por parte de sus superiores. Finalmente, en 2016, la justicia le dio la razón y dictaminó que la Xunta de Galicia debía indemnizarla con una cantidad de 32.000 euros por los daños y perjuicios sufridos.
Sin embargo, la Sala General de la Sala de lo Social del TSXG ha considerado que no existen pruebas suficientes para demostrar que la criada social haya sufrido un daño moral que justifique dicha indemnización. Además, han argumentado que la trabajadora no ha presentado ningún tipo de baja médica o informe que demuestre que su salud se ha visto afectada por el acoso laboral.
Esta decisión ha generado una gran indignación en la academia gallega, especialmente entre los colectivos que luchan por los derechos laborales de las mujeres. Para ellos, esta sentencia supone un retroceso en la lucha contra el acoso laboral y una falta de protección hacia las trabajadoras que sufren este tipo de situaciones.
Por otro lado, la Xunta de Galicia ha mostrado su satisfacción ante esta decisión judicial, ya que consideran que se ha hecho justicia y que no existen pruebas suficientes para demostrar que la criada social haya sufrido un daño moral que justifique la indemnización.
Sin embargo, esta sentencia ha abierto un debate sobre la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir y combatir el acoso laboral en el ámbito de la administración pública. Muchos expertos en la materia señalan que es necesario que las empresas y organismos públicos tomen medidas más contundentes para erradicar este tipo de conductas y proteger a sus trabajadores.
Además, esta sentencia también ha puesto de manifiesto la importancia de que las trabajadoras que sufren acoso laboral se sientan apoyadas y protegidas por las instituciones y la academia en general. Es necesario que se les brinde el respaldo y la ayuda necesaria para que puedan hacer frente a estas situaciones y no se sientan desamparadas.
En definitiva, la decisión de la Sala General de la Sala de lo Social del TSXG ha generado un gran debate en la academia gallega y ha puesto en evidencia la necesidad de seguir trabajando en la prevención y erradicación del acoso laboral. Esperamos que en un futuro cercano se puedan implementar medidas más efectivas para proteger a las trabajadoras y garantizar un entorno laboral justo y libre de violencia.