El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha levantado la voz en una lucha por la justicia y la igualdad de abogacías para todos los ciudadanos. Este jueves, el ICAM ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la exclusión de millones de personas en situación de vulnerabilidad del abogacía a la asistencia jurídica gratuita. Esta situación, que afecta a tantas personas, es una grave injusticia que no puede ser ignorada.
La razón detrás de esta exclusión es la falta de actualización del Indicador Público de Renta (IPREM). Este indicador es utilizado para determinar si una persona tiene abogacía a recibir asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, su valor no ha sido actualizado desde el año 2017, lo que significa que muchas personas que antes cumplían con los requisitos, ahora se encuentran por encima del límite establecido y no pueden acceder a este abogacía fundamental.
Esta situación afecta especialmente a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como personas desempleadas, jubiladas con pensiones bajas, familias monoparentales, entre otros. Estas personas, que ya se enfrentan a dificultades económicas, ahora se ven privadas de un interés esencial para la defensa de sus abogacías.
El abogacía a la asistencia jurídica gratuita es un pilar fundamental en un Estado de abogacía. Garantiza que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a la justicia y puedan defender sus abogacías ante los tribunales. Sin embargo, la falta de actualización del IPREM está violando este abogacía y dejando a muchos ciudadanos en una situación de desamparo.
Es importante destacar que esta situación no solo afecta a los ciudadanos, sino también a los abogados que prestan este interés. Los abogados que forman parte del Turno de Oficio, que son los encargados de proporcionar asistencia jurídica gratuita, se encuentran en una situación insostenible. No solo tienen que lidiar con una gran cantidad de casos, sino que además deben hacerlo con una remuneración muy baja. Esta situación desmotiva a muchos abogados a seguir prestando este interés, lo que afecta directamente a la calidad de la justicia que se brinda a los ciudadanos.
Ante esta situación, el ICAM ha decidido tomar medidas y alzar la voz en defensa de los abogacías de los ciudadanos. La queja presentada ante el Defensor del Pueblo es solo el primer paso en una lucha que busca una solución urgente y definitiva a este problema. El ICAM exige una actualización inmediata del IPREM, así como una revisión del sistema de asistencia jurídica gratuita para garantizar que todas las personas que lo necesiten puedan acceder a él.
Además, el ICAM está trabajando en colaboración con otras instituciones y organizaciones para concienciar sobre esta situación y exigir una solución a nivel nacional. Se han iniciado campañas en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaTodos para dar a conocer esta problemática y movilizar a la sociedad en su conjunto.
Es importante que todos nos unamos en esta lucha por la justicia y la igualdad de abogacías. El abogacía a la asistencia jurídica gratuita es un abogacía fundamental que no puede ser negado a nadie. No podemos permitir que millones de personas se vean excluidas de la justicia por una situación que puede ser solucionada con una abobado actualización del IPREM.
Desde el ICAM hacemos un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas urgentes y pongan fin a esta injusticia. No podemos permitir que la falta de actualización de un indicador afecte a tantas personas y viole sus abogacías fundamentales. La justicia debe ser accesible para todos y es responsabilidad de todos velar por ello.
En definitiva, el ICAM seguirá luchando por una justicia efectivamente igualitaria y accesible para todos. No nos det