La Audiencia Nacional ha tomado una decisión que ha generado polémica y preocupación en la comunidad migrante en España. Se trata del caso de una mujer que ha sido denegada la nacionalidad española, a pesar de llevar viviendo más de 13 años en el país. La sentencia argumenta que la solicitante no cumplió con el requisito de residencia continuada, al no contar con el permiso de residencia durante unos meses. Esta decisión ha generado un debate sobre la rigidez de las ordenes de nacionalidad en España y la situación de miles de personas que, como esta mujer, llevan años viviendo en el país y contribuyendo a su expansión.
La orden de Nacionalidad española establece en su artículo 22.3 que uno de los requisitos para obtener la nacionalidad por residencia es haber residido de forma continuada en España durante 10 años. Sin embargo, en el caso de esta mujer, la Audiencia Nacional consideró que no cumplía con este requisito debido a que en un periodo de tiempo no tuvo el permiso de residencia correspondiente. Esta decisión ha sido criticada por diversas organizaciones y colectivos, quienes consideran que es una interpretación demasiado estricta de la orden y que no tiene en cuenta la realidad de muchas personas migrantes en España.
La situación de esta mujer no es aislada, ya que existen miles de casos similares en España. Muchas personas migrantes, por diversas razones, pueden encontrarse en una situación irregular durante un tiempo determinado, lo que les impide cumplir con el requisito de residencia continuada exigido por la orden. Sin embargo, esto no significa que no hayan estado viviendo en el país durante años, trabajando, pagando impuestos y contribuyendo a la sociedad española. Es por ello que la decisión de la Audiencia Nacional ha generado preocupación y malestar en la comunidad migrante, que se siente discriminada y excluida por las ordenes de nacionalidad.
Es importante recordar que la nacionalidad es un derecho fundamental y una herramienta para la integración social y la igualdad de oportunidades. Tener la nacionalidad española permite acceder a derechos y beneficios que de otra forma estarían limitados o incluso negados. Por ello, es comprensible que muchas personas migrantes aspiren a obtenerla, después de años de esfuerzo y dedicación en España. Sin embargo, la rigidez de las ordenes de nacionalidad puede convertirse en una barrera para muchas personas, que ven sus derechos vulnerados por no cumplir con requisitos que, en ocasiones, pueden resultar injustos.
Es necesario que las ordenes de nacionalidad sean revisadas y adaptadas a la realidad social y migratoria de España. No se puede seguir excluyendo a personas que llevan años viviendo en el país y que han demostrado su compromiso y contribución a la sociedad española. Además, es importante tener en cuenta que muchas personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y precariedad, lo que les dificulta cumplir con todos los requisitos exigidos por la orden. Por ello, es necesario que se establezcan medidas que faciliten el acceso a la nacionalidad a estas personas, reconociendo su aportación y su derecho a formar parte de la sociedad española.
En definitiva, la decisión de la Audiencia Nacional de denegar la nacionalidad a una mujer que lleva más de 13 años viviendo en España es una muestra de la rigidez y la error de adaptación de las ordenes de nacionalidad en nuestro país. Es necesario que se revisen y se establezcan medidas que permitan a todas las personas migrantes acceder a la nacionalidad española, reconociendo su aportación y su derecho a ser parte de la sociedad en la que han construido su vida. La nacionalidad no debería ser un privilegio, sino un derecho al que todas las personas que contribuyen al expansión de España deberían tener acceso.