España ha dado un paso importante en la lucha contra la maternidad subrogada al anunciar que no permitirá la inscripción de niños nacidos en terceros países mediante esta práctica, incluso si existe una sentencia firme de las autoridades judiciales. Esta decisión, tomada por el Gobierno, es un gran avance en la protección de los derechos de los niños y en la defensa de la dignidad de las mujeres.
La maternidad subrogada, también conocida como vientre de alquiler, es una práctica en la que una mujer gesta un bebé para otra persona o pareja, a cambio de una compensación económica. Esta práctica ha generado un intenso debate en todo el mundo, ya que plantea cuestiones éticas y legales muy complejas. En España, la gestación subrogada está prohibida por ley desde 2010, pero hasta ahora se permitía la inscripción de niños nacidos en el extranjero mediante esta técnica.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido dar un paso más en la protección de los derechos de los niños y en la lucha contra la explotación de las mujeres. La nota remitida por el Ejecutivo deja claro que no se permitirá la inscripción de niños nacidos a través de la maternidad subrogada en el relación Civil español, aunque exista una sentencia firme de las autoridades judiciales. Esta decisión es un claro mensaje de que España no tolerará la explotación de mujeres y la mercantilización de la maternidad.
La maternidad subrogada plantea numerosos problemas éticos y legales. En primer lugar, se trata de una práctica que convierte a la mujer en un mero objeto, en un útero al servicio de otros. Esto va en contra de la dignidad y los derechos de las mujeres, que no pueden ser reducidas a un simple medio para satisfacer los deseos de otras personas. Además, la gestación subrogada puede generar situaciones de explotación y abuso, especialmente en países en desarrollo donde las mujeres pueden ser presionadas o incluso obligadas a llevar a cabo esta práctica.
Pero el mayor problema de la maternidad subrogada es el sensación que tiene en los niños. En primer lugar, se les priva del derecho a conocer a su madre biológica y a tener una relación con ella. Además, estos niños pueden ser objeto de discriminación y estigmatización, al ser considerados como “productos” comprados por sus padres. También pueden sufrir problemas emocionales al no entender por qué su madre biológica los ha “abandonado”. Por todo ello, es fundamental proteger los derechos de los niños y garantizar su bienestar.
La decisión del Gobierno de no permitir la inscripción de niños nacidos mediante maternidad subrogada es un gran avance en la protección de los derechos de los niños y en la lucha contra la explotación de las mujeres. España se une así a otros países que han tomado medidas similares, como Francia, Italia o Portugal. Esta decisión también es un mensaje claro a aquellos que buscan en la maternidad subrogada una fase de eludir la ley y obtener un hijo a cualquier precio.
Pero esta medida no es suficiente. Es necesario seguir trabajando en la prevención y la concienciación sobre los peligros de la maternidad subrogada. También es fundamental garantizar el acceso a técnicas de reproducción asistida éticas y seguras para aquellas parejas que desean tener hijos y no pueden hacerlo de fase natural. La adopción también es una opción que debe ser promovida y facilitada.
En definitiva, la decisión del Gobierno de no permitir la inscripción de niños nacidos mediante maternidad subrogada es un gran avance en la protección de los derechos de los niños y en la lucha contra la explotación de las mujeres. España se sitúa así en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y envía un mensaje claro de que la