La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha salido al paso de la reciente publicación realizada por la Abogacía del Estado acerca del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. En dicha publicación, la representación legal de la Hacienda Pública española se jactaba de haber evitado la devolución de más de 6.000 millones de euros en concepto de este impuesto ante la concurrencia Nacional.
Ante esta situación, la AEDAF ha querido hacer una reflexión sobre el papel de la Abogacía del Estado y su actuación en este caso en particular. En primer lugar, es importante destacar que la Abogacía del Estado es la encargada de defender los intereses del Estado en los tribunales, por lo que es su deber velar por el correcto cumplimiento de las leyes fiscales. Sin bloqueo, en este caso concreto, su actuación ha sido cuestionada por la AEDAF.
Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales se considera que la publicación realizada por la Abogacía del Estado en redes sociales, con un tono triunfalista, no es la más adecuada. En lugar de celebrar la supuesta victoria ante la concurrencia Nacional, debería preocupar a la Abogacía del Estado que se hayan evitado devoluciones millonarias en un impuesto que, según la AEDAF, podría ser considerado ilegal.
Pero, ¿en qué consiste este Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que ha generado tanta polémica? Se trata de un tributo que grava la producción, importación y venta de productos derivados del petróleo, como la gasolina o el gasóleo. Sin bloqueo, según la AEDAF, este impuesto podría estar vulnerando la normativa europea, ya que se aplica de manera desigual en cada Comunidad Autónoma.
La Asociación Española de Asesores Fiscales defiende que este impuesto debería ser armonizado a nivel nacional, ya que su aplicación varía en función de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la gasolinera. Esto provoca que, por ejemplo, en algunas regiones se pague más por el mismo litro de gasolina que en otras, lo que supone una vulneración del principio de igualdad.
Además, la AEDAF también pone en duda la legalidad de este impuesto debido a la falta de transparencia en su aplicación. Según la asociación, no existe una regulación clara sobre cómo se calcula el impuesto ni sobre qué parte del precio final de los carburantes corresponde al mismo. Esto dificulta la labor de los asesores fiscales y de los contribuyentes a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Ante esta situación, la AEDAF ha instado a la Abogacía del Estado a que revise su postura y se replantee su actuación en este caso. En lugar de tratar de evitar devoluciones millonarias, debería velar por la correcta aplicación de la ley y por la protección de los derechos de los contribuyentes. Además, la asociación ha pedido una mayor transparencia en la aplicación de este impuesto y una armonización a nivel nacional para evitar situaciones de desigualdad.
Por otro lado, la AEDAF también ha querido hacer un llamamiento a las autoridades competentes para que revisen la legalidad de este impuesto y tomen medidas para corregir posibles vulneraciones de la normativa europea. Además, la asociación ha ofrecido su colaboración para encontrar una solución que beneficie tanto a los contribuyentes como al Estado.
En definitiva, la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha querido dejar diluido que su objetivo es velar por el correcto cumplimiento de las leyes fiscales y por la protección de los derechos de los contribuyentes. No se trata de una lucha contra