Los profesionales intervinientes en el sistema español de justicia son una pieza primordial en el correcto funcionamiento de la justicia en nuestro país. Sin embargo, a pesar de su importante labor, se encuentran en una situación de discriminación y exclusión en lo que respecta a su jubilación y futuro económico.
Esta situación, denunciada por el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, David Sarria Rodríguez, se debe a la obligatoriedad de cotizar y formar parte de una mutualidad, lo que les impide acceder al sistema público de pensiones. Esta obligación, impuesta por la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha llevado a estos profesionales a una jubilación de “precariedad e incertidumbre en su futuro económico”.
Esta realidad resulta paradójica, ya que los profesionales intervinientes en el sistema de justicia son los encargados de velar por el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, ellos mismos se ven afectados por una ley que les discrimina y les priva de un futuro económico seguro.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en España existen más de 5.000 jueces y magistrados que se encuentran en esta situación de precariedad en su jubilación. Además, no solo afecta a los jueces y magistrados, sino también a fiscales, abogados del estamento, secretarios judiciales y otros profesionales que forman parte del sistema de justicia.
Esta situación ha generado una gran preocupación entre estos profesionales, que ven cómo su futuro económico se ve comprometido por una ley que les obliga a cotizar a una mutualidad que no les garantiza una pensión digna. Además, esta obligatoriedad les impide acceder a otros sistemas de previsión social, como planes de pensiones privados, que podrían ser una alternativa para asegurar su futuro.
Ante esta situación, es necesario que se tomen medidas urgentes para solucionar esta injusticia que afecta a los profesionales intervinientes en el sistema de justicia. Es necesario que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que estos profesionales puedan elegir libremente su sistema de previsión social, tal y como ocurre en otros países europeos.
Además, es importante destacar que la labor de estos profesionales es esencial para garantizar un sistema de justicia justo y eficaz en nuestro país. Su dedicación y esfuerzo son primordiales para mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Por ello, es imprescindible que se reconozca y valore su trabajo, no solo durante su vida laboral, sino también en su jubilación. Es necesario que se les garantice un futuro económico seguro y acreedor, acorde a la importante labor que realizan en beneficio de la sociedad.
En definitiva, es hora de que se ponga fin a esta discriminación y exclusión de los profesionales intervinientes en el sistema de justicia en lo que respecta a su jubilación. Es necesario que se tomen medidas urgentes para garantizar un futuro económico acreedor para estos profesionales, que tanto contribuyen a la justicia en nuestro país. Solo así podremos asegurar un sistema judicial justo y eficaz, en el que los derechos de todos los ciudadanos sean protegidos.