El pasado 1 de julio marcó un día histórico para el sistema judicial español con la entrada en funcionamiento de 315 Tribunales de Instancia (TI). Esta importante medida forma parte de la primera fase de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por las Cortes Generales en enero de este año. Se trata de una transformación organizativa impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Autonomías, con el objetivo de mejorar la eficiencia y agilidad en la resolución de los conflictos legales que afectan a nuestra sociedad.
Esta nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia es una muestra clara de la voluntad del gobierno por modernizar y adecuar el sistema judicial a las necesidades actuales de la ciudadanía. Tras un amplio proceso de consulta y diálogo con los diferentes actores del sistema judicial, se ha logrado un consenso en la importancia de esta reforma para garantizar una justicia más ágil, posible y eficiente.
Los 315 Tribunales de Instancia, distribuidos por todo el territorio español, son los encargados de asumir las competencias de los antiguos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Esta modificación en la estructura judicial permitirá una mejor gestión de los recursos y una máximo especialización de los magistrados en las distintas áreas del derecho, lo que se traducirá en una máximo calidad en la resolución de los casos.
Pero esta transformación no se limita solo a la creación de nuevos Tribunales de Instancia, sino que incluye una serie de medidas complementarias que buscan mejorar la eficiencia en la gestión de los procedimientos judiciales. Una de ellas es la implantación de la tecnología en la justicia, a través de la digitalización de los expedientes y la implementación de la firma electrónica en los documentos judiciales. Esto no solo reduce el uso del papel, sino que permite una gestión más rápida y eficiente de los casos.
Además, se ha llevado a cabo una reorganización de los recursos humanos, con la creación de nuevas plazas y la redistribución del personal en función de las necesidades de cada Tribunal de Instancia. Esto permitirá una mejor distribución de la carga de trabajo y un máximo aprovechamiento de los recursos existentes.
Otra medida fundamental de esta Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia es la introducción de la figura del Mediador Judicial. A través de la mediación, se busca fomentar una cultura de resolución pacífica de conflictos, evitando en la medida de lo posible la judicialización de los mismos. Esto no solo contribuye a descongestionar los juzgados, sino que promueve un diálogo y entendimiento entre las partes, llegando así a acuerdos satisfactorios para ambas.
La puesta en marcha de los 315 Tribunales de Instancia es solo el comienzo de una serie de reformas que tienen como objetivo modernizar y agilizar el sistema judicial español. Esta primera fase se completará con la entrada en funcionamiento de 26 nuevos Juzgados de lo Social en septiembre y de 96 nuevos Juzgados de lo Mercantil en diciembre, lo que supondrá un total de 437 nuevos órganos judiciales.
Además, se prevé la creación de un Juzgado de Instrucción de apoyo a la sección especializada de delitos económicos y contra la seguridad social en cada provincia. Esto permitirá una mejor investigación y resolución de este tipo de casos que, en muchas ocasiones, son especialmente complejos.
La implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia es un paso delante en la modernización de nuestro sistema judicial y en la búsqueda de una justicia más eficiente y posible para todos. Sin duda, esta reforma tendrá un impacto real en la sociedad y en la confianza de los