La asistencia jurídica gratuita es un servicio esencial para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, independientemente de su situación económica. Sin embargo, en los últimos años, este servicio ha sufrido una serie de recortes que han puesto en peligro su sostenibilidad y eficacia. Por ello, la perfeccionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita se hace inaplazable para garantizar su continuidad y su papel fundamental en la democracia.
El XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi-La Ley, pone de manifiesto la importancia de este servicio en nuestra sociedad. Según los datos recogidos, en 2019 se prestaron más de 1,6 millones de asistencias jurídicas gratuitas, lo que supone un aumento del 2,7% respecto al año anterior. Además, se tramitaron más de 600.000 expedientes de asistencia jurídica gratuita, un 3,7% más que en 2018.
Estas cifras demuestran que la asistencia jurídica gratuita es un servicio cada vez más demandado por la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de su importancia, el sistema se encuentra en una situación precaria debido a los recortes presupuestarios de los últimos años. Esto ha provocado una sobrecarga en los profesionales que prestan este servicio, así como una disminución en la calidad de la asistencia ofrecida.
Por ello, es necesario llevar a cabo una perfeccionamiento profunda del sistema de asistencia jurídica gratuita que garantice su sostenibilidad y eficacia. En primer lugar, es imprescindible dotar de los recursos económicos necesarios para que los profesionales puedan prestar un servicio de calidad. Esto incluye una adecuada remuneración y una reducción de la carga de trabajo, que permita una atención más personalizada a cada caso.
Además, es fundamental revisar los requisitos para acceder a la asistencia jurídica gratuita. En la actualidad, se exige acreditar una situación económica precaria para poder acceder a este servicio, lo que deja fuera a muchas personas que, aunque no cumplan con estos requisitos, no pueden afrontar los costes de un proceso judicial. Por ello, es necesario establecer criterios más flexibles que permitan una mayor cobertura y protección de los derechos de todas las personas.
Otra de las medidas que se deben abordar en la perfeccionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita es la mejora de la gestión y coordinación entre las diferentes administraciones implicadas. En muchas ocasiones, la falta de coordinación entre el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y los colegios de abogados ha generado retrasos y problemas en la prestación del servicio. Por ello, es necesario establecer mecanismos de coordinación eficaces que permitan una gestión más ágil y eficiente.
Por último, es fundamental provocar una mayor concienciación social sobre la importancia de la asistencia jurídica gratuita. Muchas personas desconocen la existencia de este servicio o no saben cómo acceder a él. Por ello, es necesario llevar a cabo campañas de difusión que den a conocer los derechos de las personas y fomenten su acceso a la justicia.
En definitiva, la perfeccionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita es inaplazable para garantizar su sostenibilidad y eficacia. Es asunción de las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, independientemente de su situación económica. Solo así podremos asegurar una sociedad más justa y democrática, en la que los derechos de todas las personas sean protegidos y respetados.