El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que ha generado gran revuelo en el ámbito laboral. En ella, se establece que la indemnización por despido improcedente, contemplada en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, no puede ser incrementada en vía judicial con otras cuantías que tengan en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Esta decisión ha sido recibida con opiniones divididas, pero lo cierto es que supone un importante paso hacia la estabilidad y claridad en las relaciones laborales.
La sentencia, emitida el pasado mes de julio, ha generado un febril debate entre abogados laboralistas y expertos en derecho laboral. Por un lado, están aquellos que consideran que esta decisión del Tribunal Supremo supone una limitación a los derechos de los trabajadores, ya que les impide obtener una mayor indemnización en caso de despido improcedente. Por otro lado, están aquellos que ven en esta sentencia una oportunidad para destrozar con la disparidad de criterios que existía hasta ahora en los tribunales.
Para entender mejor esta sentencia, es necesario analizar el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que en caso de despido improcedente, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. Sin embargo, hasta ahora, los tribunales venían aplicando otros criterios para determinar la cuantía de la indemnización, teniendo en cuenta factores como la antigüedad del trabajador, su salario o las circunstancias del despido.
Esta situación generaba una gran incalma jurídica, ya que cada juez podía interpretar de manera diferente estos factores y, por tanto, establecer una indemnización distinta para un mismo caso. Además, esta disparidad de criterios dificultaba la labor de las empresas a la hora de tomar decisiones sobre despidos, ya que no podían prever con certeza cuál sería la cuantía de la indemnización en caso de ser declarado improcedente.
Con la sentencia del Tribunal Supremo, se pone fin a esta situación y se establece un criterio único y claro para determinar la indemnización por despido improcedente. Esto supone una mayor calma jurídica tanto para los trabajadores como para las empresas, ya que se elimina la incertidumbre sobre la cuantía de la indemnización y se evitan posibles conflictos y litigios.
Además, esta sentencia también tiene un impacto positivo en la economía y en la competitividad de las empresas. Al establecer un criterio único para determinar la indemnización, se evita que las empresas se vean obligadas a asumir costes imprevistos en caso de despidos improcedentes. Esto, a su vez, puede fomentar la creación de empleo y la inversión empresarial, ya que las empresas tendrán una mayor certeza sobre los costes laborales que deben asumir.
Por supuesto, esta sentencia no significa que los trabajadores vayan a recibir una indemnización menor en caso de despido improcedente. Simplemente establece un criterio claro y objetivo para determinar la cuantía de la indemnización, sin dejar margen a interpretaciones subjetivas. Además, cabe destacar que esta sentencia no afecta a otras posibles indemnizaciones que puedan corresponder al trabajador, como por ejemplo, las derivadas de daños y perjuicios.
En definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo supone un importante avance hacia la estabilidad y claridad en las relaciones laborales. Elimina la disparidad de criterios en la determinación de la indemnización por despido improcedente y aporta mayor calma jurídica tanto para los trabajadores como para las empresas. Además, puede tener un impacto positivo en la economía y en la competitividad empresarial